En un proceso de daños y perjuicios por el fallecimiento de una persona en manos de las fuerzas de seguridad se solicitó una tutela anticipada a los fines de que se ordene al Estado cubrir una suma mensual destinada a satisfacer las necesidades impostergables del hijo de la víctima, durante todo el lapso que dure el proceso judicial.

La Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal revocó el fallo de primera instancia que había rechazado la medida solicitada y ordenó al Estado a abonar dichas sumas en forma periódica en favor del menor, equivalentes a un salario mínimo vital y móvil, durante todo el tiempo que dure el proceso (iniciado ya hace más de tres años). Los jueces se basaron en las disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que prevé la "función preventiva" de la responsabilidad civil y tuvieron en especial consideración el estado de la causa penal en la cual el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 3 de la Capital Federal condenó a algunos miembros de la Prefectura Naval Argentina por el asesinato del padre del menor en un caso de violencia institucional (gatillo fácil).